Buenos días, en quince minutos dará comienzo la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, entra en la sala de prensa y compartirá micrófonos hoy con el director general de Transparencia.
La junta aprueba 394.000 euros para servicios del alumnado de dos másteres de comercio exterior
Más de 500 titulados en comercio exterior tiene Castilla y León
232.500 euros para financiar las actividades de los sindicatos y la patronal para la asistencia técnica en el Serla.
Otro de los acuerdos alcanzados en Fomento y Medio Ambiente es el proyecto para ampliar la logística del Cylog de Ávila para ampliar infraestructuras. Ya contemplado en el plan Nissan Ávila, un proyecto industrial prioritario.
1,3 millones para reordenación forestal en montes de Palencia: Velilla, Saldaña y Polentinos.
500.000 euros para comprar equipos especializados para copias de seguridad en administración electrónica en los 100 servidores de la administración.
Un convenio con Collado Hermoso (Segovia) para el coste de la obra de la depuradora.
Agricultura destina 250.000 euros para contratar el espacio expositivo del Salón del Gourmet.
Sanidad licita la reforma del centro de salud de Arévalo por 1,3 millones de euros. Plazo de obras de 12 meses.Inversión total, 1,8 millones de euros.
También 1,1 millones para suministros de los hospitales de Burgos y León.
37 coches nuevos para la Gerencia Regional de Salud. Y Familia financia con 70.000 euros a Accem y Cruz Roja para apoyar a la protección internacional (acogida a refugiados).
1,5 millones de euros para equipar los centros de mayores y de discapacidad que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales.
Familia destina 1,4 millones para ls estancias diurnas en cinco centros de Valladolid (La Rubia, Parquesol, Medina, Laguna y Tudela): 87 plazas en total.
Cultura y Turismo destina 100.000 euros para el castillo del temple en Ponferrada.
y 83.000 euros para actuaciones arqueológicas en Las Médulas.
Habla el director general de Transparencia para que explique el contenido de la nueva ley para "el compromiso de regeneración" del Gobierno, dice el vicepresidente.
Joaquín Meseguer Yebra inica su resumen de las líneas esenciales de la ley para la regeneración política, dentro de los acuerdos PP-Cs para el Gobierno de Castilla y León.
La ley es el broche de unas actuaciones puestas en marcha desde 2019.
la Ley de transparencia, en su proyecto de ley, tiene como novedades la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de esta norma. La anterior ley, de 2015, las dejaba fuera en el cumplimiento de los compromisos. El peso de la administración local (la cuarta parte de ls entidades del país) no se podían quedar fuera.
Estas entidades tienen que actualizar su información periódicamente en sus web, entre otras cosas.
Castilla y León será la única con el tratamiento más favorable a las entidades locales en esta ley.de menos de 5.000 habitantes, el 97% de los municipios. A parte de publicar toda la información a la que ya están obligados por la ley estatal, decidirán lo que quieran publicar ?a mayores' con la participación de sus vecinos y el pleno tiene que escuchar sus inquietudes.
Dos veces al año tendrán que actualizar sus contenidos.
Tendrán un plazo de un año desde la publicación en el Bocyl.
12 artículos de la ley contienen nuevas obligaciones de publicar información para la Administración autonómica..
Se impulsa el derecho la información pública para que cualquier persona pueda dirigirse a la Administración, existe obligación a responder a esa consulta. Hay límites de acceso de acuerdo con el Tribunal Supremo y el comisionado de Transparencia. Y hay un trámite facultativo de mediación.
Multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones legales. Para garantizar o forzar al cumplimiento si están previstas en la ley para castigar el incumplimiento de la propia ley de transparencia regional.
El colectivo de responsables son los altos cargos: se contemplan sanciones como la publicación del incumplimiento en el Bocyl y en infraccions muy graves, la destitución el cargo, aunque esta sanción no podría alcanzar a los representantes locales.
Peguntas de los informadores.
Sobre el contenido de las multas y sanciones. Las multas coercitivas se imponen cada cierto tiempo y están previstas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros por cada 15 días que se incumplan,. No pueden superar más las cantidades.
Las sanciones administrativas no son económicas, sino que pueden llegar en infracciones muy graves a la destitución en el cargo.
Pregunta: Cómo protege a los denunciantes en casos de corrupción?
Igea responde que es la oficina contra el fraude la que protege a los denunciantes y por tanto no corresponde a esta ley
La información que tienen que publicar los ayuntamientos es esencialmente económica.
Para entidades locales de menos de 5.000 habitantes, la obligación de hacer pública en su web es todo lo que generan en la prestación de sus competencias y los vecinos pueden solicitar que se publique.
Pregunta: incluye también a las empresas?
Cualquier entidad jurídica que reciba subvenciones de la Administración tendrá que hacerlo público. Son entidades privadas que perciban fondos por encima de 50.000 euros o 5.000 en función de su presupuesto. Sociedades, empresas, ong...
Un ejemplo de sanción a un alto cargo es publicar ese incumplimiento como amonestación reputacional y en casos más graves, el cese del alto cargo.
Pregunta sobre el pago de las autovías y la eliminación mascarillas en recreos de colegios.
Es sorprendente que el Gobierno que quita peajes de autopistas done necesita los votos traslada los peajes a las autovías a todos los ciudadanos. Es un perjuicio a nuestra comunidad. Alguien tendrá que explicar qué les hemos hecho. Quienes más kilómetros tienen que hacer son las personas que viven en la comunidad más dispersa, que es la nuestra.
Es un auténtico despropósito como medida contra el reto demográfico y lo menos progresista de un gobierno de izquierda. Paga lo mismo un dos caballos que un Tesla. Es un auténtico disparate. Viene a suponer un nuevo mazazo a un sector como el del transporte. Es un auténtico disparate político y una incoherencia con lo que prometía este Gobierno.
